Remates de la Tesorería General de la República en tiempos de crisis económica.

Enviado por Centro de Estudios Ius Novum el vie 10/07/2009 a las 10:21
Centro de Estudios Ius Novum

Cristián Bahamonde G.
Director C.E.I.N.

En las últimas semanas han aumentado notoriamente en los periódicos de circulación nacional avisos de la Tesorería General de la República (TGR), quien en cumplimiento de la ley [1], esta llevando a cabo los remates de propiedades pertenecientes a contribuyentes deudores del impuesto territorial correspondiente a los años 2007 y 2008 [2]. Sin embargo, no parece prudente, que en plena crisis económica mundial, el Estado remate los hogares de miles de chilenos por deudas de impuestos.

Sobre todo si se tiene en consideración, tal como lo señala el proyecto de acuerdo N° 716 de la Cámara de Diputados: “Que, producto de estos acontecimientos, ya estamos comenzando a notar el aumento en el valor de las contribuciones de bienes raíces como consecuencia de la alta inflación que afecto a la economía el año recién pasado (las contribuciones se reajustan cada seis meses por el IPC) y la disminución en el valor de las propiedades como consecuencia de la crisis. Es decir, los pocos chilenos que pagan este impuesto, pagarán más contribuciones sobre propiedades que valen menos. No nos parece justo“ [3].


El gobierno ha intentado colaborar con los contribuyentes deudores a través de la presentación de un proyecto originado en el Ministerio de Hacienda que cristalizó en la aprobación por parte del Congreso de la Ley N° 20.343 [4]. Esta norma en su artículo 7, vigente desde el pasado 4 de Mayo, modifica el artículo 192 del Código Tributario, ampliando el plazo para repactar deudas por contribuciones impagas, de los actuales 12, hasta 36 meses [5].

Si bien la iniciativa posee vocación de auxilio para los deudores del impuesto territorial, en su segunda parte, el artículo 7 condiciona la ampliación del plazo para renegociar a que el contribuyente deudor entere la primera cuota de la repactación al momento de suscribir el convenio. Lo cual obliga al deudor a desembolsar de inmediato una suma que muchas veces no posee, por lo que su vivienda terminará igualmente rematada, volviendo letra muerta la buena intención que pudo tener esta norma.

Por su parte, y como lo recordaron los Diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Pablo Lorenzini (DC), en la discusión en sala dentro del tercer trámite constitucional durante la tramitación del entonces proyecto de ley , aquellos deudores que, esforzándose, logren renegociar su deuda, enterando en el acto la primera de las cuotas pactadas y suscribiendo por tanto el convenio respectivo, se verán afectos a una tasa de interés del 1,5% mensual (18% anual), ajena a cualquier objetivo social del gobierno. De este modo el Diputado Jaramillo, lamentando que en el Segundo tramite constitucional el Senado no modificara el artículo 7 del proyecto, señaló: “Se habla de incorporar bancos extranjeros para reducir las tasas de interés; sin embargo, el Estado no reduce sus propias tasas.

Repito, me parece una buena idea reprogramar las deudas tributarias a 36 meses, pero al aplicar una tasa de interés como la señalada no ayudaremos a las personas y empresas a superar su situación. Si tuviera una pyme, no aceptaría que se me cobrara esa tasa de interés por reprogramar mi deuda, por cuanto ello no soluciona el problema. Las empresas y personas no obtienen una rentabilidad tal como para pagar esa tasa de interés.

Eso no lo discutió el Senado” [7]. Sin embargo luego de efectuar la crítica, que por cierto es absolutamente acertada, el Honorable Diputado Jaramillo, tratando de algún modo justificar la omisión, agregó: “Lo lamento; pero, como estamos en crisis y las medidas pueden mejorarse, habrá que esperar“. Algo más dura en sus términos, aunque igual de acertada, resultó la intervención del Diputado Lorenzini, quien señaló: “¿Cuál es el porcentaje mensual del interés que se paga por estas reprogramaciones? Es del 1,5 mensual. O sea, les damos tres años. ¡Es decir, 1,5 mensual! Es cierto que hay tres años de plazo para pagar la deuda, pero, ¿qué hacemos con la tasa de interés? ¡Nada! ¡Hay que pagar un 18 por ciento anual! Y mientras el Banco Central baja la tasa de interés, el Servicio de Impuestos y la Tesorería General de la República la sube. Si se va a dar tres años de plazo para servir la deuda, la idea es poner una tasa de interés adecuada y que considere las circunstancias del período. Y mientras digo esto el ministro conversa y le da lo mismo lo que planteo. Algunos seguirán en el cargo de diputados; otros, no. Señor Presidente, dígale al señor ministro que me atienda. De otro modo, dejaré hasta aquí mi intervención. No tiene sentido tener en la Sala a un ministro que se dedica sólo a hacer vida social” [8].

Pero lo cierto es que en tiempos en que el desempleo alcanza el 9,8% [9], y el país se encuentra extraoficialmente en recesión [10], esperar por mejores medidas como lo indicaba el Diputado Jaramillo no parece ser lo indicado. La ciudadanía en general merece y espera un mayor esfuerzo de nuestros legisladores, una mayor dedicación en la creación de las leyes, que se traduzca en medidas concretas de apoyo a los deudores tributarios ahora, y no mañana cuando quizás ya no sean necesarias, porque el contribuyente deudor perdió su casa y el Estado saldó su deuda.

Sobre todo en estos momentos en que la labor parlamentaria, y de los parlamentarios, está en la palestra pública producto de reportajes televisivos que han evidenciado prácticas cuestionables por parte de los legisladores, que han puesto en primera plana del comentario noticioso la forma en que se ejerce la actividad legislativa.

Y por cierto que la ciudadanía también merece y espera, un Ministro de Hacienda que escuche los aportes que los Honorables Diputados realizan a los proyectos de ley que surgen desde el gobierno. Razón, que como acaloradamente afirmaba el Diputado Lorenzini, justifica la presencia del Sr. Ministro en las discusiones de la Cámara.

De ahí que sea pertinente en estas líneas señalar, que medidas como la establecida en esta ley parecen pequeñas o insuficientes frente a la realidad de las miles de familias, que en un 80% corresponden a los estratos sociales medios y bajos. Familias que hoy ven como su hogar, que en la mayor de las veces es fruto del esfuerzo de muchos años, es ordenado a remate por la TGR.

Si bien la comentada ley amplía el plazo para repactar las deudas del impuesto territorial, el establecimiento de condiciones, a veces imposibles de cumplir, y tasas de interés mayores a las de la banca privada, transforman el texto del artículo 7 de la Ley N° 20.343 en una solución teórica, que le hace un flaco favor a los segmentos de la población más golpeados por la actual situación económica del país, explicando de paso, la razón del por qué en las últimas semanas han aumentado los remates por parte de la TGR.

Quizás lo que se esperaría de un gobierno que intenta legar una marcada impronta social, son medidas que importen un real apoyo a quienes, por situaciones económicas externas, se han visto imposibilitados de cumplir con sus obligaciones tributarias. Sobre todo si se tiene en consideración el buen estado patrimonial del Fisco en estos momentos. Y no soluciones de papel que se hacen humo frente a la realidad de miles de familias que viven y sufren día a día los avatares de la actualidad económica nacional.

Es ante la ineficacia de las medidas propuesta por la Ley N° 20.343, que parecen más acertadas, plausibles, y efectivas las propuestas contempladas en el Proyecto de Acuerdo N° 716 [11], originado por los Diputados Jorge Ulloa (UDI), Iván Norambuena (UDI), y Andrés Egaña (UDI), como asimismo el reenvío de oficio solicitado por el Senador José Antonio Gómez (PRSD) [12], todos quienes en distintos momentos, dentro de los últimos cuatro meses, han solicitado a la Sra. Presidenta de la República suspender el remate por deudas tributarias de propiedades cuyo valor de tasación no supere cierto monto. Ya que tal como lo señalara el Senador Gómez: “Se han tomado otro tipo de medidas y en este caso particular, hacer perder la casa a quienes tienen dificultades económicas por deudas de contribuciones me parece insólito, me parece que (la suspensión de los remates) es una medida posible de tomar y que el Gobierno no va a quebrar por dar facilidades a un mucho más largo plazo a aquellos que hoy día tienen dificultades económicas.“[13].

(TEXTO TOMADO DE INTERNET)